por Luis Alberto Camacho Guzmán

Después de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 al artículo 102, en el que se otorga autonomía al organismo encargado de perseguir los delitos en nuestro país, inicia un proceso complejo de rediseño institucional que se traducirá en aquello que verdaderamente importa a la sociedad y para lo cual fue pensada esa pretendida reforma: la efectividad en la persecución del delito. De tal modo que, plantear qué significa contar con esta autonomía concedida y cuáles son los retos de esta nueva institución será el objeto de esta reflexión.

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