por Karla Alfaro Pizaña

Si la pregunta es si la Suprema Corte de Justicia es independiente en México, la respuesta es que no. Si la pregunta es si la “politización” de la Suprema Corte se debe al procedimiento de nombramiento de sus ministros, la respuesta es que probablemente en México sí, pero no tendría por qué serlo. Recientemente se presentó ante el Senado de la República una petición de 25,000 firmas en las que se solicitó al Ejecutivo y Legislativo “que en los próximos nombramientos no se incluyan a militantes de los partidos políticos o a sus amistades… que las ternas se integren con perfiles profesionales, … y sobre todo, sin evidentes conflictos de interés” (Madrazo Lajous 2015). Esto ha favorecido la propagación de la idea de que el proceso actual de designación de los ministros “permite amplia discrecionalidad por parte de los órganos que intervienen” (Hernández Salgado 2010), discrecionalidad que puede afectar el contenido ideológico de la Suprema Corte y de sus resoluciones. Sin embargo, hay que preguntarse si desde una perspectiva institucional, presidencial y democrática el procedimiento de nombramiento es erróneo o si simplemente es la aplicación de dicho procedimiento el problema.