RLEpor Alejandro Aguirre Ferreyra

Resumen: En este artículo se utilizan datos de averiguaciones previas por delitos dolosos para aproximar el impacto que pudieron tener los grupos de autodefensa en los delitos. El resultado obtenido muestra que la presencia de autodefensas en un municipio aumenta — en promedio — la tasa mensual de averiguaciones previas de delitos dolosos por cada 100,000 habitantes de manera significativa. El efecto observado no descarta que lo que se está observando sea un aumento en los delitos denunciados y no, necesariamente, en el crimen. Esto es razonable ya que existe evidencia de cooperación entre las autoridades federales y los grupos de autodefensa.

1. INTRODUCCIÓN

En 2013 y 2014, grupos de civiles en varios municipios de Michoacán y Guerrero tomaron las armas para defenderse de diversos delitos cometidos por la delincuencia organizada. En la historia reciente, México ha padecido conflictos entre distintos Grupos del Crimen Organizado (GCO). El conflicto con los GCO en México se ha asociado principalmente al tráfico de drogas; sin embargo, en los últimos 15 años estos grupos han tendido a diversificar sus fuentes de ingresos; estableciendo complejos sistemas de extorsión y regulación de mercados ilegales (secuestros, piratería, asaltos, etc.). Las organizaciones de civiles armados, llamadas Grupos de Autodefensa (GAD), denunciaron que los diversos abusos por parte de miembros del GCO, así como la ausencia de autoridades, los habían llevado a defenderse con sus propios medios. A pesar de no ser grupos legalmente constituidos, los GAD han recibido apoyo del gobierno. Particularmente en Michoacán, se sabe que existió cooperación entre estos grupos y las fuerzas gubernamentales (CNDH 2015).

Para este artículo, definiremos Grupo de Autodefensa como aquella organización conformada por personas que no están adscritas a las instituciones del Estado y cuya función es proveer seguridad pública. El objetivo es explorar si la presencia de un grupo de autodefensa en un municipio afecta de manera significativa la tasa de delitos por cada 100,000 habitantes. Para ello, tomamos una aproximación de los delitos usando la información de averiguaciones previas proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y consideramos que hay tres factores que pueden afectarlas:

  • Delitos cometidos
  • Disminución de la cantidad de delitos no denunciados  o cifra negra de delitos.
  • Averiguaciones iniciadas de oficio.

Con los datos del SESNSP se construyó una variable llamada averiguaciones previas por delitos dolosos (APDD) que se compone de la suma de las averiguaciones previas por: abuso de confianza, despojo, extorsión, estupro, fraude, violación, homicidio doloso, lesiones dolosas, amenazas, otros delitos sexuales, robo común, robo de ganado, robo en carreteras y robo en instituciones bancarias. La comparación de delitos dolosos, en este trabajo, sólo se hizo para el Estado de Michoacán. El período de los datos abarca de enero de 2011 a junio de 2014, un mes después de la conformación de la Fuerza Estatal Rural. Esto nos deja un espacio para aislar las formas de operar de estas agrupaciones armadas en un momento que tenían una mayor autonomía con respecto al Gobierno. El periodo escogido captura la parte de la historia en la cual los GAD combaten con los Caballeros Templarios para expulsarlos de sus municipios. La información utilizada para la ubicación en espacio y tiempo de los GAD es la recopilada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Informe Especial sobre los grupos de autodefensa en el Estado de Michoacán y las violaciones a derechos humanos relacionadas con el conflicto.

El resultado principal de este estudio es que la tasa promedio de APDD es más alta en aquellos meses donde hay autodefensa que en aquellos donde no hay. El resultado plantea una interrogante: ¿Observamos un incremento en los delitos,  un incremento en la proporción de delitos denunciados o ambos?

La intervención de mayor envergadura llevada a cabo por parte del Gobierno Federal en este conflicto fue la creación de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán en enero de 2014; sin embargo el problema estaba siendo atendido desde 2013. La relación entre los GAD y el Gobierno Federal fue cooperativa, por ejemplo: en la llamada “defensa de la Ruana” el ejército participó de manera conjunta con los GAD y existen testimonios que indican que los soldados enseñaron a elementos de las autodefensas de Buenavista a hacer barricadas en la carretera (CNDH 2015). La participación del gobierno en el conflicto hace factible que se observe un incremento en la proporción de delitos reportados por la cooperación entre los GAD, la Policía Federal y, algunas veces, las fuerzas armadas; sin embargo, no existen indicadores para medir la intensidad de la presencia de las Fuerzas Federales cada mes en cada municipio. Para aproximar esto, se utilizó la presencia de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán, pero ésta no tuvo efectos significativos. La presencia del Comisionado debió suscitar una mayor coordinación entre el Ejército y la Policía Federal, ya que estos últimos mostraron signos de un comportamiento irregular en el año 2013, además de traer un mayor número de elementos al estado. El resultado obtenido no descarta que las Fuerzas Federales tengan un efecto sobre la tasa de APDD; sin embargo, indica que no hubo un efecto adicional de la coordinación entre Ejército, Policía Federal y los GAD, como si se hubiera mantenido la misma política que existía antes de la Comisión.

Por otra parte, los resultados podrían estar reflejando un aumento en los delitos,  ya que los miembros del movimiento podrían tener mayores incentivos a delinquir. Sobre este punto,  existe evidencia de la participación de elementos de los GAD en robos a casa habitación y despojo de bienes inmuebles. Asimismo, CNDH (2015) reportó testimonios que hablan de la presencia de narcotraficantes “arrepentidos” en los GAD. Su presencia fue importante para llevar a cabo invasiones a los municipios; sin embargo, ellos podrían tener menos ligas a la comunidad, menos actividades alternativas y, por tanto, mayores incentivos para delinquir. De cumplirse estas dos condiciones (incentivos y mayor presencia en las invasiones), deberíamos esperar que el efecto en la tasa de APDD sea mayor en los municipios invadidos; sin embargo, no hay diferencias significativas — dirección y magnitud — en la tasa de APDD entre invadidos y locales. Por esta razón, podría pensarse que si los arrepentidos causaron problemas, deberían haber estado distribuidos de manera similar en municipios invadidos y no invadidos.

Por último, se debe notar que los GAD combatieron con los Caballeros Templarios para ganar un territorio, por lo que un aumento en los homicidios podría haber aumentado la tasa de averiguaciones previas y que a través de estos se observara un incremento en la tasa de delitos.

En general, no podemos descartar que el movimiento observado en las tasas de delitos se deba a cambios en la confianza para denunciar o en los delitos mismos; sin embargo, el mayor valor de este ejercicio nos permite acotar los enunciados posibles, ya que las posibilidades están en que:

  • Las personas hayan esperado un resultado más favorable al denunciar cuando había presencia de autodefensa.
  • Las autoridades federales puedan ser responsables de estos cambios debido a que su presencia facilitaba realizar una denuncia.
  • Los enfrentamientos entre miembros de los GAD y templarios hayan aumentado los delitos a través de los homicidios.
  • Los elementos de los GAD hayan aprovechado su armamento para delinquir.
  • La efectividad de los GAD como fuerzas de seguridad haya sido menor a la de las autoridades.

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